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  • En el caso del desalojo de pobladores de Tierras del Padre: La SEDH no interviene en el Poder Judicial, es una competencia de acuerdo con la Ley y un mandato soberano.

En el caso del desalojo de pobladores de Tierras del Padre: La SEDH no interviene en el Poder Judicial, es una competencia de acuerdo con la Ley y un mandato soberano.


En una clara competencia establecida en el Decreto Ejecutivo Número PCM-055-2017, la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), realiza acompañamiento a las y los pobladores de la comunidad de Tierras del Padre, sobre quienes pesa una orden judicial de desalojo en clara vulneración de los derechos humanos de mas de 100 familias que habitan en el sector en un territorio que se presume tiene vínculo ancestral indígena Lenca que dataría del siglo XVIII.

Sobre el particular, la titular de la SEDH, Natalie Roque Sandoval, fundamentó que su participación y acompañamiento a las y los pobladores afectados se argumenta en el PCM de creación de la secretaria que claramente establece “Asesorar a los Poderes del Estado y demás órganos e instituciones Estatales en materia de derechos humanos, en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”.

El pasado lunes, la funcionaria remitió al Magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia un documento con la opinión jurídica sobre el porqué no debía realizarse el desalojo en contra de la población asentada en el territorio denominado Tierras del Padre.

La opinión se fundamentó en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las Observaciones Generales No 7 y 12 del Comité DESC, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW),

Así mismo, en el artículo 2 de la Convención Americana sobre el deber de adoptar disposiciones de derechos interno y los estándares jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que refieren a que “Con base en el control de convencionalidad, es necesario que las interpretaciones judiciales y administrativas y las garantías judiciales se apliquen adecuándose a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal”.

A pesar de la actuación de la SEDH, en la que recomienda al Poder Judicial, previo a la ejecución de orden de desalojo, analizar la convencionalidad jurídica, no se obtuvo una respuesta por parte del despacho del Magistrado presidente.

“No es injerencia, es de nuestra absoluta competencia. Actuamos de acuerdo con la Ley y al mandato soberano. Compete a la @sedhHonduras coordinar y asesorar a los Poderes del Estado (a los 3)” escribió la ministra Roque en su cuenta personal de TWITTER.

La funcionaria permaneció en la comunidad de Tierras del Padre en acompañamiento a las y los pobladores, hasta llegar a acuerdos con los operadores de justicia a fin de detener la ejecución del desalojo forzado mientras no se den las garantías de respeto a los Derechos Humanos de la población vulnerable.

 


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