En sus palabras, reafirmó la determinación del Gobierno Solidario de trabajar por un sistema de justicia transparente, imparcial e independiente, donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho garantizado. En este caso el Estado de Honduras fue condenado por la destitución arbitraria e ilegal de tres magistrados y una magistrada del Poder Judicial en 2012, lo que vulneró sus derechos individuales y facilitó la erosión de la administración de justicia.